Artículo de Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, publicado el jueves en Alemanía. Traducción de un artículo publicado el jueves en varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España.
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de
Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de
empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para
poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema
bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos
meses y es con gran expectación que España espera ahora la
decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que
esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del
rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de
fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más
negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel.
Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que
presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no
es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si
Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus
verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo
el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía
política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin
que se aumente la participación ciudadana real en las
decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a
los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe
reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas
y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y
completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el
modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las
regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de
los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a
118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social
-23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de
descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.
Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia
con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos
-un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000
euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de
785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de
trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España
tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni
creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros,
médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado
inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción,
impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las
oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y
los organismos de control a su servicio. En España no existe
separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni
los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos
que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una
economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la
competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además,
detrae recursos con los que podrían financiarse educación y
sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos
de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y
fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido
16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en
Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones
urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además
de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por
qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de
esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es
la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus
cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha
demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas
a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no
pueden solamente representar recortes sociales o subidas
brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano
Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en
España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más
bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más
relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de
corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio
Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero
de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente
venales.
La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado
también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al
ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer
descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la
que había sido asesor, en la nueva regulación de estas
energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de
subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta
probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y
menos aún a 17 regiones funcionando como estados
independientes, con todos los organismos multiplicados por 17,
desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo,
con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida,
30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a
520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y
colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización
alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al
11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de
nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no
hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos
la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a
julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5%
comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo
regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que
España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000
millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos,
y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones
y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la
consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia
ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos
últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno
dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de
diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que
el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para
calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que
definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió
a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo
que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital
igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011
estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del
9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de
3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras
15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras
de 2011. Lo único que sabemos es que están todas
infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima
del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se
ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda
de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos
déficits de representatividad y de democracia que deberían
interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos
evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto
es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas
europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar
de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del
Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista
y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos
jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania.
Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que
es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media
española está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se
piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que
hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia.
Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno
alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían
concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario,
solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta
arruine a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y
economista
